Por Ximena Carranza Risco y Guy Edwards
Mientras Perú se prepara para la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático a realizarse en Lima en Diciembre, la disposición del gobierno para demostrar un fuerte liderazgo ambiental como anfitrión de las negociaciones permanece ambigua. A pesar del discurso positivo del Presidente Ollanta Humala en la reciente Cumbre Climática de la ONU en Nueva York, sus acciones domésticas sugieren que combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente no son prioridades.
Durante su discurso en la Cumbre Climática en Nueva York en Septiembre, Humala pidió a los líderes mundiales reunirse en Lima por “acciones, no palabras”. Humala enfatizó la necesidad de tomar acción inmediata para evitar los altos costos económicos que el cambio climático representa para países vulnerables como Perú.
Sin embargo, Humala decidió no mencionar algunas de las admirables acciones de Perú en relación al cambio climático, como su compromiso para reducir a cero la deforestación neta de la Amazonía para el 2021. Por otro lado, Humala tampoco mencionó que Perú se encuentra entre los pocos países actualmente desarrollando planes de acción y escenarios de mitigación, como Brasil y Sudáfrica.
En efecto, en el 2012 Perú inició un “PlanCC” para establecer una base de apoyo para una transición hacia una economía baja en carbono.
Esta falta de atención a los esfuerzos domésticos de Perú coincide con la decisión de Humala de llevar a cabo un retroceso en la legislación ambiental nacional. En Junio de 2014, el Congreso aprobó un proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo que introdujo una serie de normas económicas que limitan significativamente la diligencia del Ministerio del Ambiente (MINAM) y que debilitan las regulaciones ambientales.
Dado que la economía peruana depende sustancialmente de inversiones extranjeras, particularmente para la extracción de recursos naturales, el paquete de reformas busca reactivar la economía y acelerar inversiones en respuesta a una reciente ralentización del crecimiento económico en Perú.
El paquete de reformas incluye la reducción de multas y sanciones por violaciones ambientales; la reducción del tiempo para conducir estudios de impacto ambiental a 30 días; y la restricción de la autoridad del MINAM para definir estándares ambientales.
Las reformas fueron recibidas con fuertes críticas por parte de grupos ambientales peruanos, quienes deploran la debilitación de legislación ambiental para acelerar el crecimiento económico. El Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, quien presidirá la negociaciones climáticas de la ONU, votó en vano en contra del paquete de reformas en el Consejo.
El compromiso laxo de Humala con el medio ambiente y el cambio climático fue expuesto, además, por su aceptación del Premio Gold Insigne de la Sociedad de las Américas en Nueva York. Este galardón está patrocinado por Pluspetrol, la Corporación Barrick Gold y Freeport-McMoRan, algunas de las más controversiales corporaciones mineras y petroleras que actualmente operan en Perú.
Estas corporaciones han estado involucradas en diversos escándalos de contaminación ambiental y conflictos sociales. Mientras Humala aceptaba el premio, ciudadanos de la región de Junín protestaban en contra de Pluspetrol bloqueando carreteras con el fin de expulsar a la compañía de la zona, acusándola de contaminación y daño ambiental. Mientras tanto activistas en Nueva York condenaron esta decisión fuera de la ceremonia de premiación.
En la Sociedad de las Américas, Humala señaló que “en paralelo a la política económica [ha] buscado reforzar la política social”. Enfatizó que Perú tiene un portafolio de inversiones multibillonario en el sector minero, sin embargo, no hizo ninguna referencia significativa hacia la aplicación de estándares sociales y ambientales para estas actividades.
La decisión de Humala de debilitar la legislación ambiental para potenciar el crecimiento y su aceptación del Premio Gold Insigne exponen su falta de compromiso con la protección del ambiente y con la acción climática.
Si Perú busca construir una nación próspera baja en carbono que es más resistente a impactos ambientales,Humala debe comprometerse a una agenda de gobierno que enfatice la compatibilidad de la acción climática con el desarrollo. Esto requiere proteger la legislación ambiental y potenciar acciones frente al cambio climático, en lugar de recurrir a discursos grandilocuentes.
Este artículo fue publicado originalmente aquí.
Sin embargo, Humala decidió no mencionar algunas de las admirables acciones de Perú en relación al cambio climático, como su compromiso para reducir a cero la deforestación neta de la Amazonía para el 2021. Por otro lado, Humala tampoco mencionó que Perú se encuentra entre los pocos países actualmente desarrollando planes de acción y escenarios de mitigación, como Brasil y Sudáfrica.
En efecto, en el 2012 Perú inició un “PlanCC” para establecer una base de apoyo para una transición hacia una economía baja en carbono.
Esta falta de atención a los esfuerzos domésticos de Perú coincide con la decisión de Humala de llevar a cabo un retroceso en la legislación ambiental nacional. En Junio de 2014, el Congreso aprobó un proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo que introdujo una serie de normas económicas que limitan significativamente la diligencia del Ministerio del Ambiente (MINAM) y que debilitan las regulaciones ambientales.
Dado que la economía peruana depende sustancialmente de inversiones extranjeras, particularmente para la extracción de recursos naturales, el paquete de reformas busca reactivar la economía y acelerar inversiones en respuesta a una reciente ralentización del crecimiento económico en Perú.
El paquete de reformas incluye la reducción de multas y sanciones por violaciones ambientales; la reducción del tiempo para conducir estudios de impacto ambiental a 30 días; y la restricción de la autoridad del MINAM para definir estándares ambientales.
Las reformas fueron recibidas con fuertes críticas por parte de grupos ambientales peruanos, quienes deploran la debilitación de legislación ambiental para acelerar el crecimiento económico. El Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, quien presidirá la negociaciones climáticas de la ONU, votó en vano en contra del paquete de reformas en el Consejo.
El compromiso laxo de Humala con el medio ambiente y el cambio climático fue expuesto, además, por su aceptación del Premio Gold Insigne de la Sociedad de las Américas en Nueva York. Este galardón está patrocinado por Pluspetrol, la Corporación Barrick Gold y Freeport-McMoRan, algunas de las más controversiales corporaciones mineras y petroleras que actualmente operan en Perú.
Estas corporaciones han estado involucradas en diversos escándalos de contaminación ambiental y conflictos sociales. Mientras Humala aceptaba el premio, ciudadanos de la región de Junín protestaban en contra de Pluspetrol bloqueando carreteras con el fin de expulsar a la compañía de la zona, acusándola de contaminación y daño ambiental. Mientras tanto activistas en Nueva York condenaron esta decisión fuera de la ceremonia de premiación.
En la Sociedad de las Américas, Humala señaló que “en paralelo a la política económica [ha] buscado reforzar la política social”. Enfatizó que Perú tiene un portafolio de inversiones multibillonario en el sector minero, sin embargo, no hizo ninguna referencia significativa hacia la aplicación de estándares sociales y ambientales para estas actividades.
La decisión de Humala de debilitar la legislación ambiental para potenciar el crecimiento y su aceptación del Premio Gold Insigne exponen su falta de compromiso con la protección del ambiente y con la acción climática.
Si Perú busca construir una nación próspera baja en carbono que es más resistente a impactos ambientales,Humala debe comprometerse a una agenda de gobierno que enfatice la compatibilidad de la acción climática con el desarrollo. Esto requiere proteger la legislación ambiental y potenciar acciones frente al cambio climático, en lugar de recurrir a discursos grandilocuentes.
Este artículo fue publicado originalmente aquí.
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